El Ejército, en cualquier país, debe de ser el último recurso cuando ocurren fenómenos que el poder civil no puede enfrentar, pero en México, el último recurso es el único recurso, apunta el especialista en seguridad, Javier Ibarrola.
Si en este momento la milicia regresa a los cuarteles, sin garantías de seguridad ciudadana, enfrentaremos una ola mucho mayor de delincuencia organizada y desorganizada; el gobierno federal topará con un problema de criminalidad agravada, sobre todo porque la gran mayoría de las policías “civiles” están infiltradas y manipuladas por la delincuencia; esa es la parte grave del problema.
El meollo del asunto
Por todo esto, urge otorgar un marco legal a las Fuerzas Armadas, para delimitar su área de acción, pero también una Ley de Seguridad Interior y de Seguridad Pública, que responsabilice a la autoridad civil de sus deberes; que defina severos castigos a los incumplidos.
Dar solamente certeza jurídica al desempeño de la milicia en labores de seguridad interior no va a resolver el problema de fondo.
Para regresar a los soldados a los cuarteles primero hay que fortalecer las instituciones policíacas, estatales y municipales con recursos suficientes para equiparlas y adiestrar a sus elementos. Se necesitan plazos y objetivos concretos, una hoja de ruta para construir policías dignas, profesionales y eficaces.
¿Habrá que esperar otros diez años para mejorar lo que ha empeorado?
Aquí la columna
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